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Beneficiarios de la ley de segunda oportunidad para particulares

Esta ley está pensada para ayudar a particulares y autónomos a conseguir la exoneración de sus deudas, algo que hasta ahora estaba reservado solo a empresas a nivel legal.

Con la aplicación de la ley de la segunda oportunidad para particulares, todos aquellos que hayan fracasado en sus finanzas pueden afrontar sus deudas con la garantía de su patrimonio presente y futuro.

Para acogerse a la ley de la segunda oportunidad para particulares es necesario que se cedan los bienes que no son imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional, siempre por un valor igual o inferior al de la deuda.

En el caso de autónomos y emprendedores, deberán contar con un plan de viabilidad y un calendario de pagos inferior a los diez años.

¿Cómo acogerse a la ley de segunda oportunidad?

Antes de acogerse a la ley de la segunda oportunidad para particulares, el deudor debe procurar conseguir un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, que deberá ser controlado por un juez.

También puede pedir que un mediador concursal participe en el proceso, con el objetivo de garantizar el éxito de la negociación.

La exoneración de la deuda

Si el juez considera que el particular deudor no tiene patrimonio ni activos para acabar con sus deudas – y siempre que haya actuado de buena fe -, puede exonerarle de sus deudas.

Merece la pena resaltar que por ‘buena fe’ se entiende que se haya intentado la realización de un acuerdo extrajudicial y que no haya sido considerado culpable en el concurso de acreedores al que se haya sometido.

Hay que tener en cuenta que acceder a la aplicación de la ley de la segunda oportunidad para particulares no implica la exoneración de todas las deudas.

El texto legal establece la eliminación de las deudas contraídas con acreedores privados, pero no de las que se tengan con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Igualmente, los divorciados no pueden ser eximidos del pago de la pensión de alimentos a sus hijos.

Además, hay que tener en cuenta que la ley recoge que, si en los 5 años siguientes a la exoneración de las deudas uno de los acreedores puede demostrar la mala fe del deudor o que este haya obtenido otros ingresos, podrá solicitar al juez la revocación de la aplicación previa de la ley de la segunda oportunidad para particulares. En la actualidad, el plazo de 5 años ya se considera ilimitado.

Para obtener más información sobre la forma de tramitación y requisitos de la ley de segunda oportunidad contacte con nuestros especialistas a través del siguiente enlace.

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