El Tribunal Constitucional en sentencia de 11 de mayo de 2017 (Rec. 4864/2016) ha declarado nulo el impuesto de plusvalía municipal, que grava la revalorización de los inmuebles urbanos cuando son vendidos, si no se han producido ganancias, con lo que extiende a toda España los efectos de la doctrina acordada el pasado febrero para los territorios forales.

En la sentencia, el Alto Tribunal considera que este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de beneficio para el contribuyente, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”, obligando a reformar este impuesto local, técnicamente denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos.

¿Cómo reclamar?

-El primer paso es presentar un escrito de solicitud de rectificación ante el ayuntamiento que recaudó el impuesto, con los documentos que acrediten el pago y la cuantía efectuada.

-A partir de ahí se abre la vía administrativa en los consistorios, dependiendo de si estos disponen de tribunales específicos para pronunciarse en estas cuestiones.

-Si hay una negativa del Ayuntamiento o el procedimiento no se resuelve a través de la vía municipal, es entonces cuando se puede iniciar el procedimiento judicial, en este caso a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

-Antes de iniciar la vía judicial, es conveniente conocer si es rentable en términos económicos, puesto que puede ocurrir que la cantidad a recuperar sea menor a lo que haya que invertir en conceptos como la contratación de un abogado o interventor.

¿Quién puede reclamar?

Con carácter general, se pueden reclamar aquellas liquidaciones notificadas el plazo de 4 años anteriores a la fecha de publicación de la Sentencia (11/05/2013). Rectificación que se reclamará mediante solicitud de ingresos indebidos.

En los casos de liquidaciones administrativas firmes, entendemos que cabría iniciar procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, aunque existe la posibilidad iniciar alguno de los procedimientos extraordinarios de revisión, para lo cual habría que estudiar cada caso para ver las posibilidades que se presentan en cada uno.

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